Rebelión en las aulas

El pasado 27 de noviembre tuve la oportunidad de asistir a unas jornadas que organizaba Fecapa-Cádiz, que bajo el título de Familia, Educación y Comunicación, se celebraron en un céntrico hotel de Jerez. La primera ponencia, y a la que en este artículo me quiero referir, versó sobre el derecho a la educación en libertad, y fue magistralmente explicada por el profesor D. Enrique Domingo Oslé, abogado y secretario general de la concapa en Rioja.

Tres son las ideas que saco en claro de su exposición, y que conviene que se propaguen, y prendan en muchos padres que se preocupan por la educación moral de sus hijos.

La primera: los padres hemos hecho dejación de nuestras funciones de educadores, al haber mantenido una postura de conformismo con el modelo educativo desarrollado en estos últimos 30 años. Un ejemplo que puso el Profesor Domingo Oslé y que yo completo: hace ya tres décadas de la campaña del “póntelo, pónselo”; campaña en la que lo importante no fue que se enseñara a los jóvenes el uso del preservativo, que no deja de ser más que un medio, como otros, para evitar enfermedades de transmisión sexual, pero no necesariamente seguro, aun cuando éste es otro debate. Lo importante de esa campaña del partido socialista en el poder estribaba en que por primera vez se dejaba claro que con el pretexto de la evitación de enfermedades o de embarazos no deseados, se buscaba imponer en la sociedad una concepción determinada de la persona, no explicando dicha campaña en plenitud las consecuencias de una sexualidad utilitarista, o que responda en exclusiva a la genitalidad, y no se la vincule a la responsabilidad de las relaciones humanas. De ahí hemos pasado, como pude leer ayer en el periódico, a la querencia de gran parte de la izquierda, sindicatos, y el lobby gay, financiados por el Gobierno de España, a educar a nuestros hijos en la “diversidad afectivo-sexual”. Este “palabro” significa en lenguaje común, que se enseñe a nuestros hijos que la sexualidad es una opción, que hay que probar de todo. Desde entonces hasta ahora, los padres nos hemos tragado infinidad de intromisiones de los poderes públicos en la educación moral de nuestros hijos, y sólo se ha reaccionado de forma tímida por un puñado de padres en una lucha memorable en los recursos planteados ante la imposición de la asignatura de “Educación para la Ciudadanía”. En palabras del Profesor Domingo, la educación ha estado en un plano inclinado hacia abajo, y mientras la bolita en el plano ha ido bajando, nos hemos quedado callados, conformes, pensando que otros habrían de venir a arreglar el problema. Ahora vivimos una situación de intromisión intolerable, y no sólo se trata de equilibrar el plano inclinado, tenemos que invertir la tendencia, y conseguir que el Estado desarrolle nuestros derechos y libertades, con todas las garantías.

Segunda idea: Esto no lo va a hacer ningún partido político, sólo lo pueden hacer los padres, la sociedad civil. En los ocho años de gobierno de Aznar, esta tendencia no sólo no se invirtió, sino que el plano inclinado se acentuó. Y ello, o bien por complejos, porque un partido vive de votos, y no quiere molestar cuando tiene el viento a favor, o porque en algunos casos compartía en buena medida esa concepción de la persona. Es pues, necesaria continuar la rebelión cívica que los padres objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía plantearon con la imposición de dicha asignatura, y acrecentarla, hacer a más padres partícipes de esta lucha por la libertad, más concernidos por la educación de sus hijos.

Tercera idea: El derecho a la educación en libertad, es un derecho fundamental, inherente a la persona, anterior a su regulación constitucional, propia de nuestra condición, independientemente de que esté sancionado o no por una ley. La libertad de elección del tipo de educación que queremos para nuestros hijos es la piedra de toque del ejercicio de ese derecho, y las garantías que deben de proporcionar los poderes públicos para que dichos derechos se cumplan, es la medida del grado de libertad que existe en la sociedad. No debemos confundir el derecho a una educación de acuerdo con nuestras convicciones morales y religiosas con el derecho a la escolarización. Si la escolarización no garantiza una plaza en un colegio con el ideario buscado por los padres, no podemos hablar de libertad de educación. Es a los poderes públicos a quienes les corresponde proporcionar a los padres las plazas necesarias para responder a toda la demanda existente. Y ello ha de hacerlo ampliando la ratio si es necesario, o concertando nuevas líneas, dentro de los centros existentes, o creando nuevos centros. Así de sencillo, y de complicado. No existe ningún estudio serio, comentaba el Profesor Domingo Oslé, que diga que la ratio ha de estar en los veinticinco alumnos. Y si se quiere mantener un número mínimo por clase, habrá que buscar la manera en cada población de responder a la demanda existente. Esto viene avalado por sentencias de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en ambas sedes de Sevilla y Granada, que afirman que la ratio alumnos/aula no es un dogma inquebrantable ni un fin absoluto que pueda primar sobre los derechos fundamentales. Por último, y no menos importante, es la discrecionalidad de las administraciones a la hora de conceder y mantener los conciertos. Existe por parte de muchos de los titulares de los centros concertados, una postura de entreguismo acomplejado ante la administración, pero es más cierto que corresponde a los padres defender la viabilidad de los conciertos, que no son una subvención, ni tienen que depender de la potestad ejecutiva de la autonomía de turno, sino que son fruto del derecho fundamental a la libertad de educación, que será siempre gratuita, independientemente de que los centros sean de titularidad pública o privada. Ha dejado sentado el Tribunal Supremo que los conciertos no pueden depender de la existencia de consignaciones presupuestarias, y que el derecho al concierto implica el derecho a su renovación, siempre que los centros no incurran en incumplimientos graves. Debemos además de exigir con fuerza el fin del adoctrinamiento ideológico que se produce sen los centros, sean de titularidad pública o privada concertada. Este adoctrinamiento no sólo se produce en la asignatura de educación para la ciudadanía, sino que se produce de manera transversal en otras muchas asignaturas. Por ello los padres hemos de estar atentos, y acudir a los tribunales cuantas veces sea necesario para reclamar nuestros derechos, que son la libertad de educación moral y filosófica de nuestros hijos, la elección de centro, y a garantizar que cesa el actual adoctrinamiento ideológico. Es ya momento de poner pie en pared, de decir basta y no conformarse; como en la película Rebelión en las Aulas protagonizada por Sidney Poitier, es la hora de la Rebelión….de los padres.